Ley Europea de Accesibilidad (EAA): qué exige a las empresas latinoamericanas que venden en España y la UE

La respuesta corta

La Ley Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act o EAA), la Directiva (UE) 2019/882, se aplica desde el 28 de junio de 2025 a través de la ley de cada país de la Unión Europea. En España, esa ley es el título I de la Ley 11/2023. Cubre una lista cerrada de productos y servicios para consumidores y alcanza a empresas de fuera de la UE: basta con prestar u ofrecer uno de esos servicios a consumidores de la Unión.

Para una empresa colombiana, mexicana o de cualquier país de Latinoamérica, lo habitual es que el servicio en juego sea el comercio electrónico: una tienda, una web o una app donde un consumidor español compra o se suscribe. Si solo vendes a empresas (B2B), en general la ley no te aplica. Si tu empresa tiene menos de 10 personas y factura o tiene un balance de 2 millones de euros o menos, contando el grupo, estás exenta como prestadora de servicios.

Si te aplica, la meta práctica es WCAG 2.2 nivel AA más los requisitos de la norma europea EN 301 549 que van más allá de WCAG, y publicar en tus condiciones generales cómo cumple tu servicio. En España las multas del régimen general van de 301 a 1.000.000 de euros.

Revisamos esta guía con los textos oficiales (EUR-Lex, BOE, ETSI y la Comisión Europea) el 17 de octubre de 2026. Es una guía para planear, no asesoría jurídica: un abogado en España confirma qué obligaciones aplican a tu empresa.

Qué es la Ley Europea de Accesibilidad y desde cuándo se aplica

Es una directiva aprobada el 17 de abril de 2019. Según su artículo 31, cada país debía aprobar su ley antes del 28 de junio de 2022 y aplicarla desde el 28 de junio de 2025. Como es una directiva, no se cumple el texto europeo directamente, sino la ley de cada país donde vendes: la Ley 11/2023 en España, el BFSG en Alemania o el Decreto-Ley 82/2022 en Portugal.

El nombre confunde. En España se habla de "Ley Europea de Accesibilidad" o "Acta Europea de Accesibilidad", pero la norma que te pueden exigir allí es la Ley 11/2023, de 8 de mayo, cuyo título I traspone la directiva y entró en vigor el 28 de junio de 2025.

Por qué alcanza a empresas de fuera de la Unión Europea

El artículo 3 de la directiva define al prestador de servicios como "toda persona física o jurídica que presta un servicio en el mercado de la Unión o que hace ofertas para prestar dicho servicio a los consumidores de la Unión". No exige tener sede ni oficina en Europa.

La definición de comercio electrónico es amplia: servicios prestados a distancia, por sitios web y apps, "a petición individual de un consumidor, al objeto de celebrar un contrato con el consumidor". El considerando 43 añade que estas obligaciones se aplican a la venta en línea de cualquier producto o servicio.

La directiva no enumera los hechos que convierten una web latinoamericana en una oferta a consumidores europeos. En nuestra lectura, precios en euros, envíos a España, una versión para España o un checkout que acepta clientes europeos son lo primero que miraría una autoridad. Si no vendes a consumidores de la UE, la ley probablemente no es tu problema.

Qué cubre la ley

Estos son los servicios del artículo 2 de la directiva, la parte que importa para webs y apps:

Los productos cubiertos son computadores y sistemas operativos de consumo, terminales de pago, cajeros, máquinas de billetes y de facturación, quioscos de información, teléfonos inteligentes y otros equipos de consumo para comunicaciones y contenido audiovisual, y lectores electrónicos.

El artículo 2.4 excluye algunos contenidos: videos y audios pregrabados y archivos de ofimática publicados antes del 28 de junio de 2025, mapas en línea si la información esencial se da de forma accesible, contenidos de terceros que no financias, desarrollas ni controlas, y archivos que no se actualizan desde esa fecha.

España va más allá de la directiva

La Ley 11/2023 copia casi toda la directiva, pero tiene diferencias que una empresa que vende en España debe conocer. Las comparamos artículo por artículo:

El artículo 14.2 importa si tu tienda usa una plataforma, una pasarela de pago o un chat de terceros: si ese componente no es accesible, el problema es tuyo.

¿Te aplica si tienes un SaaS o una tienda en línea?

La directiva define al consumidor como "toda persona física que compra un producto o es destinatario de un servicio con fines ajenos a su actividad comercial o empresarial, su oficio o su profesión". Esa definición resuelve la mayoría de los casos:

Dos precisiones. Si tu producto no está en la lista, la obligación recae en el servicio de comercio electrónico, es decir, el recorrido en línea donde el consumidor compra, y no en todo tu software. Esa es nuestra lectura del artículo 2 y del considerando 43, no un fallo judicial. Y aunque vendas solo a empresas, el artículo 24 convierte los requisitos de la ley en obligatorios para las compras públicas de los productos y servicios que cubre, así que un comprador público europeo puede pedirte evidencia de accesibilidad.

La exención para microempresas

La directiva define la microempresa como "una empresa que emplea a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera los 2 millones de euros o cuyo balance anual total no supera los 2 millones de euros". Se exigen las dos cosas: menos de 10 personas y una de las dos cifras financieras.

Para tener la cifra en tu moneda: con la tasa de referencia del Banco Central Europeo del 16 de octubre de 2026 (USD 1,1253 por euro), 2 millones de euros son USD 2.250.600. Con la TRM certificada por la Superintendencia Financiera, vigente del 17 al 19 de octubre de 2026 (COP 3.174,67 por dólar), son unos COP 7.145 millones.

Cuenta el grupo completo. El considerando 53 de la directiva exige cumplir de verdad la Recomendación 2003/361/CE, cuyo anexo suma el 100 % de los datos de las empresas vinculadas y una parte proporcional de las asociadas. Una filial de cinco personas que vende en España, propiedad de una empresa de 200, no es microempresa.

Las demás empresas pueden alegar que un requisito supondría una modificación sustancial o una carga desproporcionada, con los criterios del anexo V de la ley española. La evaluación se documenta, se guarda cinco años, se renueva y se comunica a la autoridad. Quien recibe financiación externa para mejorar la accesibilidad no puede alegar carga desproporcionada.

Fechas y periodos de transición en España

Estos plazos hablan de contratos y equipos, no de tu web. En nuestra lectura, una tienda que hoy recibe un pedido de un consumidor español está prestando el servicio después del 28 de junio de 2025, sin importar cuándo se construyó.

Qué norma técnica seguir: EN 301 549 y WCAG

Según el artículo 15 de la directiva, cumplir una norma armonizada cuya referencia está publicada en el Diario Oficial de la UE da presunción de conformidad. Esa norma es la EN 301 549, que cambió este año:

El 17 de octubre de 2026, la lista de normas armonizadas de la Comisión solo mostraba referencias de accesibilidad para webs y apps del sector público. Es decir, todavía ninguna norma da presunción de conformidad con la EAA.

Qué hacer mientras tanto:

• Prueba contra WCAG 2.2 nivel AA. Es lo que sigue la V4.1.1, y el W3C afirma que el contenido que cumple 2.2 cumple también 2.1. En WCAG 2.2 en español explicamos cada criterio nuevo y cómo probarlo.
• Suma los requisitos de la EN 301 549 que no están en WCAG y que aplican a tu servicio: la cláusula 7 si tienes reproductor de video (subtítulos y audiodescripción), la 12 sobre documentación y servicios de soporte, y en la V4.1.1 la nueva cláusula 9.7 sobre preferencias del usuario en páginas web.
• En España, ten presente la disposición adicional tercera, que remite a la UNE 139803 o a la norma que la sustituya. Pregunta a tu asesor qué versión aplica a tu caso.

Qué debes publicar

La ley española no habla de "declaración de accesibilidad". Lo que pide su artículo 13 es incluir en las condiciones generales o un documento equivalente la información que evalúa cómo tu servicio cumple los requisitos, con al menos:

• una descripción general del servicio en formatos accesibles;
• las explicaciones necesarias para entender cómo funciona, también en formatos accesibles;
• una descripción de cómo el proceso de prestación del servicio y su seguimiento garantizan que cumple.

Esa información debe estar disponible por escrito y de forma oral, ser accesible y mantenerse actualizada mientras el servicio funcione. Muchas empresas publican una página de accesibilidad enlazada desde sus condiciones; sirve si incluye estos elementos.

El mismo artículo trae dos deberes que se olvidan: tener procedimientos para que el servicio siga cumpliendo cuando cambia y, si deja de cumplir, corregirlo e informar de inmediato a las autoridades de los países donde lo prestas.

Quién vigila y qué sanciones hay

En España, cada comunidad autónoma designa sus autoridades de vigilancia (artículo 27 de la Ley 11/2023). El Real Decreto 143/2026 creó la unidad técnica de apoyo y coordinación (UTAC), asumida por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad: coordina a esas autoridades, recibe denuncias y actúa como autoridad donde no se haya designado ninguna. Además, consumidores y asociaciones pueden acudir a los tribunales (artículo 29).

Las sanciones dependen del país. Estas son las de tres leyes nacionales:

Para dimensionarlo: el tope del régimen general español, 1.000.000 de euros, equivale a USD 1.125.300 a la tasa del BCE del 16 de octubre de 2026.

Los tribunales ya están actuando. Según un comunicado de Intérêt à Agir, una de las asociaciones del caso, un juez de Caen (Francia) ordenó el 4 de junio de 2026 a Carrefour France hacer plenamente accesibles su web y su app de compras en seis meses, con multa por cada día de retraso, aunque la empresa alegaba cumplir el 71 % de los criterios. Un mes antes, un tribunal de Lille había rechazado una demanda parecida contra Auchan, decisión que las asociaciones apelaron.

Lista de verificación para vender en España

1. Haz el mapa. Lista cada web y app donde un consumidor de la UE puede comprar, registrarse o pagar, y en qué países.
2. Clasifica cada una con las tablas de arriba, incluidas las categorías que España agrega.
3. Haz la prueba de microempresa con los datos del grupo, no solo de la empresa que vende en Europa.
4. Audita los recorridos que aplican contra WCAG 2.2 AA y las cláusulas de la EN 301 549 que correspondan: fichas de producto, búsqueda, carrito, registro, inicio de sesión, pago, correos de confirmación, cuenta y canales de soporte.
5. Corrige en el código, el contenido y el sistema de diseño, y revisa los componentes de terceros: pasarela de pago, verificación de identidad, chat. Por el artículo 14.2, siguen siendo tu responsabilidad.
6. Publica la información del artículo 13 en tus condiciones generales o en una página enlazada desde ellas, en español y en los idiomas en que vendes.
7. Forma a tu equipo de ventas y soporte, como pide el artículo 15.
8. Crea el proceso: revisión de accesibilidad en cada lanzamiento, un canal para reportar barreras y un responsable de corregir e informar.
9. Guarda la evidencia: auditorías con fecha, registro de correcciones y nuevas pruebas.

Qué hacer ahora

Empieza con nuestra checklist WCAG 2.2 gratuita sobre tu proceso de compra y registro: muestra en qué estás con cada criterio de nivel A y AA. Para presupuestar una auditoría profesional, revisa cuánto cuesta una auditoría de accesibilidad web según los precios publicados.

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